Más de 800 nuevas leyes entrarán en vigor en Texas el 1 de septiembre

“Más de 800 nuevas leyes entrarán en vigor en Texas el 1 de septiembre. Estas son algunas de las más importantes.” Publicado por primera vez por The Texas Tribune, una organización mediática sin ánimo de lucro y no partidista que informa a los tejanos —y colabora con ellos— sobre políticas públicas, política, gobierno y asuntos estatales.

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Más de 800 nuevas leyes están a punto de entrar en vigor en Texas, y se prevé que traigan cambios radicales en los sistemas educativos del estado, las infraestructuras hidráulicas y otros ámbitos.

El gobernador Greg Abbott firmó 1155 proyectos de ley que surgieron de la sesión legislativa ordinaria, incluidas más de 200 leyes que entraron en vigor de inmediato, como la prohibición de los teléfonos móviles en las escuelas, la aclaración de la prohibición del aborto, la reducción del impuesto sobre la propiedad y el aumento de la supervisión de la red energética. Mientras tanto, algunas no entrarán en vigor hasta el año que viene o hasta que los votantes aprueben las enmiendas constitucionales en noviembre, como las políticas de fianza más estrictas y un fondo de 3000 millones de dólares para la investigación de la demencia. Además, hay 140 proyectos de ley sobre los que el gobernador no tomó ninguna medida, incluidos 34 que entraron en vigor de inmediato.

Sin embargo, la mayoría entrará en vigor el 1 de septiembre, fecha tradicional para las leyes aprobadas durante la sesión ordinaria. A continuación se enumeran algunas medidas destacadas que entrarán en vigor próximamente:

El proyecto de ley del Senado n.º 1 establece el nuevo plan de gastos bienal del estado, por valor de 338 000 millones de dólares, con más del 70 % del presupuesto reservado para educación, salud y servicios sociales. Algunas partes destacadas incluyen el gasto para mantener y proporcionar recortes en los impuestos sobre la propiedad, un nuevo programa de bonos escolares, financiación adicional para las escuelas públicas, así como inversiones en la infraestructura energética, hídrica y de banda ancha del estado.

El plan también incluía inicialmente una medida de 60 millones de dólares que habría permitido a Texas participar en un programa federal de almuerzos de verano para niños de bajos ingresos, pero Abbott la vetó debido a la «gran incertidumbre sobre las tasas de contrapartida federales para este y otros programas similares».

El proyecto de ley del Senado 2 creará uno de los programas de bonos escolares más grandes del país, que permitirá a los padres pagar la matrícula de escuelas privadas acreditadas u otros gastos relacionados con la educación de sus hijos con fondos públicos. En la mayoría de los casos, cada niño recibirá algo más de 10 000 dólares al año, aunque los estudiantes con discapacidades podrían recibir hasta 30 000 dólares en fondos adicionales. Las familias más acomodadas con hijos que ya asisten a escuelas privadas también podrían participar.

Texas puede gastar hasta 1000 millones de dólares durante su próximo ciclo presupuestario de dos años, aunque el coste del programa podría aumentar significativamente después.

La aprobación de la ley se produjo tras años de disputas entre los legisladores republicanos, que planteaban la cuestión como una forma de ofrecer a los padres la posibilidad de elegir escuela, y los demócratas y republicanos rurales, que afirmaban que los vales perjudicarían a las escuelas públicas. Abbott apoyó con todo su peso la iniciativa de elegir a más republicanos favorables a los vales y lo consiguió el año pasado. La SB 2 entrará en vigor el 1 de septiembre, pero no se espera que el programa de vales se ponga en marcha hasta el curso escolar 2026-27.

El proyecto de ley 2 de la Cámara de Representantes proporcionará unos 8500 millones de dólares en fondos nuevos a las escuelas públicas, ya que los distritos de todo el estado se enfrentan a retos de larga duración tras años de estancamiento de la financiación. De esta partida, más de 4000 millones de dólares se destinarán a aumentar el salario de los educadores. Los fondos adicionales también se utilizarán para la preparación de los educadores, la educación especial, los requisitos de seguridad y el aprendizaje en la primera infancia. Una parte importante de la ley entró en vigor de inmediato, mientras que otra parte importante entrará en vigor el 1 de septiembre. Algunas disposiciones se aplicarán en los próximos años.

El proyecto de ley 10 del Senado exigirá la exhibición visible de los Diez Mandamientos en carteles donados de al menos 16 por 20 pulgadas en las aulas de las escuelas públicas, a las que asisten alrededor de 5,5 millones de estudiantes en Texas. Mientras que los partidarios afirman que las enseñanzas cristianas son importantes para comprender la historia de Estados Unidos, los detractores sostienen que esta ley socava la separación entre Iglesia y Estado. Este tipo de leyes ya se han enfrentado a impugnaciones legales en Texas y otros estados. Entre ellas se encuentra la sentencia del 20 de agosto del juez federal Fred Biery, que bloquea temporalmente la entrada en vigor de la medida en casi una docena de distritos escolares, entre ellos Austin, Houston y Plano.

“Es probable que este asunto llegue al Tribunal Supremo de los Estados Unidos,” afirmó Biery antes de las declaraciones iniciales del caso en San Antonio. Se espera que Texas recurra su sentencia.

El proyecto de ley 12 del Senado ampliará la prohibición de las políticas de diversidad, equidad e inclusión a las escuelas de educación primaria y secundaria. En concreto, prohibirá a los distritos escolares tener en cuenta la raza, el origen étnico, la identidad de género o la orientación sexual en las decisiones de contratación. También prohibirá a las escuelas ofrecer instrucción, programas y orientación centrados en la orientación sexual o la identidad de género, incluido el patrocinio de clubes estudiantiles como la Alianza de Género y Sexualidad. Los partidarios de la ley afirman que la legislación otorga a los padres un mayor control sobre la educación de sus hijos, mientras que los detractores sostienen que se dirige y censura a los grupos marginados, como los estudiantes LGBTQ. Algunos grupos de derechos civiles, entre ellos la ACLU de Texas, han presentado un recurso judicial contra la ley.

El proyecto de ley 13 del Senado otorgará a los padres y a las juntas escolares más poder sobre lo que los estudiantes pueden acceder en las bibliotecas de las escuelas públicas. Estas juntas también pueden delegar este proceso de supervisión si 50 padres del mismo distrito firman una petición para la creación de un consejo asesor escolar local. Los partidarios afirman que la ley protegerá a los estudiantes de contenidos inapropiados y dará a los padres más control sobre lo que consumen sus hijos, mientras que los detractores sostienen que conducirá a una mayor censura de ciertos temas, como el género y la raza. Texas ya se encontraba entre los estados con más prohibiciones de libros en los últimos años, según PEN America.

El proyecto de ley 37 del Senado otorgará a los rectores designados políticamente más poder sobre las universidades públicas, entre otras cosas, concediéndoles más influencia en la contratación de administradores, así como en algunas responsabilidades que tradicionalmente recaían en los miembros del cuerpo docente. También creará una oficina que podrá investigar a las universidades por incumplimiento de las leyes estatales, por ejemplo, en lo que respecta a las iniciativas de DEI. Los partidarios de la ley afirman que es necesaria para hacer frente a lo que consideran un sesgo liberal en las universidades y alinearlas mejor con las demandas de la fuerza laboral de Texas. Sin embargo, los críticos afirman que la ley amenazará la libertad académica y socavará la investigación.

El proyecto de ley 33 de la Cámara de Representantes, redactado por el representante republicano Don McLaughlin, que era alcalde durante el tiroteo en la escuela de Uvalde, exigirá a las fuerzas del orden de todo Texas que establezcan políticas de respuesta a crisis. Entre otros cambios, la ley obligará a los distritos escolares y a las fuerzas del orden locales a reunirse anualmente para evaluar sus planes, recursos y capacidades de actuación en caso de emergencia. Obligará a las fuerzas del orden y a los proveedores de servicios médicos de emergencia a completar programas de formación sobre cómo responder a tiradores activos en escuelas primarias y secundarias. Además, tras un tiroteo real, estos servicios de emergencia también tendrán que presentar un informe en el que se detallen y evalúen sus acciones en un plazo de varios meses para facilitar un acceso más rápido de la información al público.

El proyecto de ley del Senado 7 creará un marco para financiar proyectos hidráulicos a través de la Junta de Desarrollo Hidráulico de Texas y supervisarlos, en el marco de un amplio esfuerzo para hacer frente a la inminente crisis hídrica del estado. Algunas secciones de la ley entrarían en vigor en septiembre de 2027, si los votantes aprueban la enmienda constitucional esbozada en la Resolución Conjunta 7 de la Cámara de Representantes en noviembre. Si se aprueba esta medida electoral, se asignarían 1000 millones de dólares al año de los ingresos por impuestos sobre las ventas y el uso del estado al Fondo del Agua de Texas entre 2027 y 2047.

El proyecto de ley del Senado 15, que recibió un apoyo mixto de ambos partidos, permitirá la construcción de determinadas viviendas unifamiliares en parcelas más pequeñas. En concreto, la ley prohibirá a las grandes ciudades exigir que estas viviendas ocupen más de 3,000 pies cuadrados de terreno, si se construyen en una nueva urbanización de al menos cinco acres de superficie. Esto supone una reducción con respecto a los 5,000 a 7,500 pies cuadrados de terreno que se exigen habitualmente en las ciudades más grandes de Texas, excepto Houston, según un análisis del Texas Tribune. Aunque algunos legisladores se mostraron recelosos de interferir en el control local sobre esta cuestión, los partidarios de la ley afirmaron que el cambio permitirá a las ciudades construir más viviendas y mantener bajos los costes.

El proyecto de ley del Senado 17 prohibirá a los gobiernos, empresas y personas que residan legalmente en China, Corea del Norte, Rusia e Irán poseer tierras y propiedades en Texas. El gobernador también tiene la autoridad de añadir países o entidades a la lista. La prohibición no se aplica a los ciudadanos estadounidenses ni a los residentes permanentes. Los partidarios de la ley afirman que se trata de proteger los recursos y la seguridad nacional frente a naciones hostiles, mientras que los detractores sostienen que el proyecto de ley SB 17 es discriminatorio y dará lugar a la discriminación racial.

El proyecto de ley 33 del Senado prohibirá a las ciudades o condados utilizar su dinero para ayudar a los residentes que deseen abortar fuera de Texas. La ley se aprobó tras la asignación de $400,000 por parte del Ayuntamiento de Austin el año pasado para ayudar a estas personas, lo que provocó demandas por parte del fiscal general Ken Paxton y un antiguo miembro del ayuntamiento. El Ayuntamiento de San Antonio también asignó $500,000 a un fondo para la justicia reproductiva en 2023, aunque finalmente no se utilizó para iniciativas relacionadas con el aborto tras una demanda privada y un intenso debate. Posteriormente, en abril, aprobó $100,000 para viajes relacionados con el aborto, que fueron bloqueados temporalmente después de que Paxton presentara una demanda.

El proyecto de ley 46 de la Cámara de Representantes ampliará el programa estatal de marihuana medicinal para incluir a pacientes con dolor crónico, lesiones cerebrales traumáticas y enfermedad de Crohn. Los médicos también podrán recetar la inhalación a través de productos vaporizados y aerosoles, como los cigarrillos electrónicos. Esta ampliación entrará en vigor mientras la Legislatura de Texas contempla si regular o prohibir los productos de THC derivados del cáñamo.

El proyecto de ley 229 de la Cámara de Representantes definirá los términos “hombre” y “mujer” basándose en los sistemas reproductivos biológicos y aplicará esa definición en todo el código estatal. Las entidades gubernamentales que recopilen información sobre estadísticas vitales también tendrán que utilizarla. Los partidarios de la ley afirman que es necesaria para proteger los derechos de las mujeres y alinearse con las órdenes ejecutivas que declaran que solo hay dos sexos. Los detractores afirman que la ley borra a las personas trans de los registros estatales de Texas, donde se encuentra una de las comunidades trans más grandes del país.

El proyecto de ley del Senado 835, titulado “Ley de Trey,” prohibirá y anulará el uso de acuerdos de confidencialidad en casos de agresión sexual y trata de personas. El nombre de la ley rinde homenaje a Trey Carlock, quien firmó un acuerdo de confidencialidad después de haber sido abusado de niño por un monitor de campamento. Se suicidó en 2019. Su hermana, Elizabeth Carlock Phillips, testificó a favor de la legislación.

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Corrección, 28 de agosto de 2025 a las 14:24: La noticia se ha actualizado para corregir el número de proyectos de ley de la sesión legislativa ordinaria que entrarán en vigor el 1 de septiembre. Hay más de 800 proyectos de ley, no 750.

Este artículo apareció originalmente en The Texas Tribune en www.texastribune.org/2025/08/28/texas-new-laws-sept-1/.

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